Por Lola Portela
Poco o nada se ha avanzado en materia de Paz en Colombia. Y es triste reconocerlo y decirlo, pero se debe hacer; sin eufemismos, sin adoctrinamientos.
Los diferentes intentos han fracasado todos, en este país que durante más de 6 décadas ha registrado diferentes grupos de guerrillas, unos han desaparecido, pero otros se han consolidado y algunos hasta han tomado un nombre diferente.
Y con el tiempo, por la misma ausencia y falta de protección, por parte de los diferentes gobiernos; desde la misma población, surgieron las llamadas Autodefensas, que luego con mayor entrenamiento, por parte de personajes como Yair Klein (un mercenario israelí), se fortalecen y se convierten en paramilitares, cuyo objetivo era exterminar aquellas guerrillas.
Nada justifica los hechos de violencia, la cantidad de muertos, secuestros y desaparecidos, en medio del dolor de un país que aún no sana, pero se enfrenta a una cruenta violencia, una vez más.
Con el correr de los años, Colombia hoy tiene el siguiente panorama: las disidencias de las Farc (los que no quisieron firmar la paz de Santos), el ELN, la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo y otros grupos armados ilegales que se han fortalecido en el Gobierno Petro y andan, como Pedro por su casa, en los diferentes territorios y empoderados, económicamente, por el negocio del narcotráfico.
El cese al fuego bilateral, cuyo decreto de Gustavo Petro fue firmado y divulgado casi a las doce de la noche del 31 de diciembre del 2022, más que disminuir la violencia, les ha permitido a los criminales tomar aire, armarse y amedrentar aún más a la población civil.
Mientras tanto las Fuerzas Armadas de Colombia han sido humilladas, y han tenido que hacerle caso al gobierno de turno, por ser el Comandante.
Ese es el panorama general de Colombia también contaminado por la corrupción, a lo largo y ancho del país que, como un cáncer, hace metástasis y compromete a todos los partidos políticos incluyendo al Pacto Histórico que hoy gobierna.
Y en cuanto a la expectativa electoral regional del 2023: más de un millón de colombianos no podría votar por la situación de orden público, en más de 100 municipios de diferentes departamentos.
Por eso, desde la Federación de Municipios, Fedemunicipios, se prendieron ya las alertas y le insisten al Gobierno de Colombia, para que garantice la seguridad y el derecho democrático, a votar libremente, que tienen las poblaciones, que hoy se encuentran en medio de amenazas, enfrentamientos, boleteo, extorsiones y asesinatos y hasta “carnetización” en zonas donde el orden público, se le salió de la manos, al gobierno de Colombia.
Y es que las cifras son aterradoras: desde comienzos de enero, y con corte del 3 de julio de 2023, en Colombia han sido asesinados 375 líderes sociales y se registraron 52 masacres.
El panorama vuelve a ser desolador y muestra una triste realidad en el país. Las masacres aumentaron 61,1% entre el 7 de agosto de 2022, cuando Gustavo Petro se posesionó, y el 5 de julio de 2023. Las zonas más críticas en este aspecto son: Norte de Santander, Arauca, Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico.
Y es que tan solo en el puente festivo del 3 de julio de 2023 se registraron tres nuevas masacres en el territorio nacional.
Y en cuanto al secuestro en Colombia las cifras vuelven a ser escalofriantes. Mientras que entre enero y mayo de 2022 hubo 55 registros, en el mismo periodo de 2023 hay 144 casos. Es decir, el secuestro tuvo un incremento del 162%.
También aumentaron los hurtos a personas (16%) y las extorsiones (33%).
Enorme es la preocupación internacional, por los datos escandalosos en la NO lucha contra el narcotráfico: la erradicación de cultivos ilícitos cayó 87%, la incautación de cocaína se desplomó 18%, la de heroína, 47% y la de marihuana 11%.
Además, la libertad democrática está coartada, pues los diversos grupos armados que operan en Colombia obstaculizan las inscripciones electorales en varios municipios.
Las autoridades departamentales de Chocó, por ejemplo, ya han denunciado que los municipios de Medio San Juan, Sipí y Nóvita están experimentando dificultades para realizar las inscripciones electorales, debido a las restricciones impuestas por los grupos armados y al margen de la ley.
Los departamentos más afectados por el “desorden público”, y el abandono a su suerte, al cierre de este artículo, son: Santander, Norte de Santander, Atlántico, Valle del Cauca, Putumayo, Chocó, Tolima, Antioquia, Cauca, Meta, Guaviare, Caquetá, César, Nariño, y Córdoba.
Esta radiografía sobre la grave situación de orden público en Colombia demuestra que “La Paz Total”, planteada por el gobierno de Gustavo Petro, no tenía una ruta, una estrategia territorial y nacional, por el contrario, permite el fortalecimiento de los diferentes grupos armados y la delincuencia común.
Como quien dice: ¡sálvese quien pueda! Y bienvenidos al “Cambio”, en “la potencia mundial de la muerte y la pobreza”, pues la vida de los colombianos no parece importarle a los del Pacto Histórico, pero si les interesa el “cambio climático”, pues esa política les puede dar muchos recursos del exterior.
