Por Lola Portela
El anuncio oficial se haría el próximo lunes 26 de junio; desde La Guajira. La declaratoria de emergencia económica y social tendría como objetivo: atender la crisis que se vive en ese departamento, especialmente en tres ejes:
La sequía y las consecuencias climáticas.
La mala calidad del agua y su escasez.
La salud, enfocada en la desnutrición.
Es importante entender que el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica es uno de los tres tipos de estados de excepción que contempla el sistema jurídico colombiano, los otros dos son el estado de conmoción interior y el estado de guerra exterior.
El Estado de Emergencia Económica y Social es algo así como una licencia que le permite al Gobierno tomar decisiones, sin pasar por los procesos habituales del ordenamiento jurídico como: proyectos de ley, licitaciones, reformas constitucionales, etc. Y se aplica cuando hay una emergencia que es urgente atender, y que no estaba prevista, luego no le dio tiempo al Estado para tomar las precauciones necesarias, para evitarla, reducir su impacto o prepararse para atenderlo.
La duda es si aplicaría para el caso de la Guajira porque falta de agua potable en la región no es asunto nuevo, la desnutrición en los niños es un problema, que data de hace mucho rato. Lo único que podría ser nuevo sería el Fenómeno del Niño. Sin embargo, es un tema que se anunció, mundialmente, desde hace 2 años, y sus secuelas si son impredecibles.
En ese contexto, el presidente Petro debe explicar el alcance de las medidas que desea tomar, el tiempo de su aplicación y demostrar que, en la nación, no se esperaba esa situación.
Y es que, al amparado en una emergencia económica, un presidente en Colombia podría crear impuestos, controlar tarifas y hasta expropiar empresas. Sin control del Congreso o injerencia de otras entidades del Estado. Es un mecanismo que le da facultades legislativas, además de las propias como ejecutivo.
Y es que la declaratoria de emergencia económica y social es una figura que se aplica a nivel nacional. Lo que se dice, desde el Gobierno, es que están trabajando para que, en esta ocasión, sólo se enfoque en La Guajira.
Una emergencia económica no puede durar más de 30 días y solo puede declararse hasta tres veces en un año. Además, todos los decretos legislativos que se emitan en el marco de la esta declaratoria deben ser enviados a la Corte Constitucional para que sean estudiados y se decida sobre su constitucionalidad.
Cabe recordar que la última vez que se declaró una emergencia económica en Colombia fue en 2020, tras la llegada de la Covid-19. La primera fue el 17 de marzo, 11 días después de que se confirmara el primer caso en territorio nacional. Durante ese mes se expidieron más de 70 decretos legislativos en materia tributaria, laboral, comercial, civil, entre otras áreas. El 6 de mayo de ese mismo año se declaró por segunda vez.
La agenda en La Guajira
Hace algunos días, el presidente Petro confirmó que desde el lunes 26 y durante toda la última semana de junio estaría en La Guajira, junto a su equipo, gobernando desde allá.
“Desde el 26 estaremos en La Guajira, todo el Gobierno, toda esa semana. Esa semana de gobierno en la Guajira mostrará qué instituciones se quedan en la retórica, en dónde están los obstáculos que deben ser removidos para cumplir con la sentencia constitucional”, expresó el Presidente de Colombia.
En la agenda del Gobierno para la próxima semana se tiene previsto, entre otros temas, el Consejo de Ministros que se realizaría desde allí el lunes y habría un encuentro con autoridades ancestrales en la región, en el corregimiento de Narareth, y también con organizaciones sociales.
Sol y viento”, así describen hoy a La Guajira, un departamento que se ha convertido en epicentro de la producción de energía con molinos de viento. Este potencial ambiental es una oportunidad para el desarrollo económico de la alta y media Guajira, pero para las comunidades wayuu se convirtió en centro de discordia
Por eso, entre los temas que se discutirán con las comunidades indígenas están los proyectos eólicos que se adelantan en la zona. Y se prevé la firma de un “Pacto por la transición”, entre las autoridades Wayú, las comunidades, empresas de energía y el Gobierno Nacional. Este es uno de los asuntos de conflicto con los indígenas, por sus creencias ancestrales.
“Estas empresas han acabado con nuestra tranquilidad y creencias, y han generado diferencias entre familias”, nos explicó, hace un tiempo, Elba Jusayú, hija de Moisés Jusayú, autoridad de la comunidad Jawou, quien se opuso a la construcción de las torres de monitoreo del viento para los parques eólicos de esa empresa.
Otras localidades de la región en donde se sostendrían reuniones serían: Riohacha, Uribía, Albania, Manaure y Maicao.
Sin duda, la falta de agua potable, la desnutrición en los niños y el desarrollo de nuestra bella Guajira son asuntos que ameritan políticas públicas nacionales, pero definitivas para esta región de forma específica. Este es un departamento viciado por la corrupción regional, pero eso no da para declarar una emergencia económica y social. Sino para lograr, con proyectos y voluntad política, una transformación real, con el compromiso regional y el control de los entes nacionales, para erradicar el problema desde la raíz: la corrupción.
