La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) recibe con preocupación y sorpresa el anuncio de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en el marco del Foro Económico Mundial en Davos (Suiza), de no suscribir nuevos contratos de exploración de petróleo y gas en Colombia. Al respecto, el gremio se permite comunicar que:
- La exploración y producción de petróleo y gas natural es esencial para garantizarle al país autosuficiencia y soberanía energética, a corto, mediano y largo plazo, mientras se adelanta la transición responsable que requiere Colombia. El principal desafío de nuestra transición no está en la diversificación de la matriz eléctrica sino en la energética y eso solo se dará con la transición del parque automotor, pues el país depende de los combustibles derivados del petróleo y el gas en un 99%. Sin transición en el parque automotor no hay transición energética. Es necesario darle prioridad.
- La industria de hidrocarburos es fundamental para la estabilidad económica del país, la financiación nacional y la de los departamentos y municipios. Cerca del 40% de las exportaciones dependen de este sector, el 20% de los ingresos fiscales de la Nación y el 76% de las regalías. Diversificar la canasta exportadora debe ser un objetivo, pero no a costa de marchitar la industria. Y, el desarrollo de otros sectores, como el turismo, tiene un enorme potencial, pero tomará tiempo. Esa transición no se dará en el corto plazo. Se necesita una triple transición: energética, fiscal y de regalías, y productiva.
- Luego de cinco meses, el Gobierno nacional no le ha dicho al país cómo aspira a sustituir, con realismo, el petróleo y el gas, sabiendo que las reservas probadas alcanzan para aproximadamente 10 años y que los contratos de exploración suscritos no le aseguran la autosuficiencia ni la soberanía energética a mediano y largo plazo. Tampoco ha explicado cómo reemplazará los ingresos fiscales que aporta la industria a la Nación (fundamentales en la pasada reforma tributaria) ni las regalías. Por eso, en distintos escenarios, hemos llamado a la cautela. Para que una transición sea justa debe ser responsable.
- Colombia aporta el 0,37% de los Gases de Efecto Invernadero del planeta. De ahí que el Presidente de la República haya reconocido que es un aporte insignificante. De estos, el 59% lo produce el sector agrícola y ganadero, la deforestación y el mal uso de la tierra. El 31% está asociado a la generación y consumo de distintas fuentes de energía, siendo más significativo el transporte con 12%. La actividad de exploración y producción de petróleo y gas aporta menos del 1% del total de las emisiones del país. No suscribir nuevos contratos de exploración destruye a cuenta gotas una industria fundamental, no hace diferencia en la crisis climática global y empobrecerá a Colombia.
- El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, en el mismo Foro Económico Mundial, señaló que es necesario continuar la exploración y producción de petróleo y gas natural, y que ello no es incompatible con avanzar en la transición energética del país y de la empresa. Riñe la posición de la Ministra de Minas y Energía con la del Presidente de la empresa más importante del país. Preocupa el futuro de la empresa de mayoría estatal de no permitírsele nuevos contratos de exploración de manera directa o a la par de las empresas privadas, a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
- El Gobierno nacional afirmó el año pasado que sometería la decisión de suscribir o no nuevos contratos de exploración a un estudio del potencial hidrocarburífero del país, de un análisis de los contratos de exploración y producción suscritos, y del tiempo que Colombia necesitará de la industria para su diversificación exportadora, y la sustitución de ingresos fiscales y de regalías. Dicho estudio no existe. Han elaborado análisis someros que no incluyen el componente macroeconómico y fiscal, el de financiación de las regiones y transformación productiva, en especial, en las zonas petroleras.
La industria del petróleo y gas reitera su disposición a seguir trabajando con el Gobierno nacional en la construcción de una visión conjunta de país y sus oportunidades energéticas, sociales y ambientales. Y, en particular, en una transición energética exportadora, fiscal y de financiación regional y productiva responsable, que consulte los intereses nacionales.
