Por Lola Pórtela
Se dijo, se advirtió y sucedió. El discurso del presidente Petro del pasado 12 de octubre, ante los indígenas, despertó ese odio guardado, ancestralmente, en el indígena.
Un presidente en su cargo como tal, no puede tener un discurso cargado de lo mismo, como si estuviera en campaña. No puede dar motivos para represalias. Eso es agitar al pueblo, contra el pueblo. Los indígenas y los policías son colombianos.
Y es que un presidente que se justifica, porque prometió lo irrealizable y culpa a otros, puede llevar a un caos total, por odio y resentimiento. Se genera división, cuando miramos como responsable de la desigualdad al empresario, a los ricos, a los que tienen tierra. La igualdad se logra acabando con la carrera política de los corruptos. Quitándoles los bienes que han logrado con ese: cómo voy yo: CVY, sancionando fuertemente esa costumbre de negociar debajo de la mesa, pagar más por un producto, y/o desmejorar la calidad de todo a favor del interés del corrupto.
Por otro lado, analizando los videos de ese caos, llama la atención que, en las imágenes de la protesta, del 19 de octubre, no se ven sólo indígenas, hay también jóvenes encapuchados, y algunas mujeres con sus cabellos teñidos, agrediendo a los policías. Esos de la protesta, no todos eran indígenas.
Mientras esto sucedía en la calle, en el Congreso de la República de Colombia se debatía el Proyecto de Ley de Orden Público, que permitiría al Gobierno implementar la llamada paz total. Sin embargo, el tal proyecto está en el ojo del huracán, por un polémico artículo que otorgaría facultades al presidente Gustavo Petro para indultar vándalos de protestas y designación de éstos como “promotores de convivencia”.
El nuevo artículo dice: “Facúltese al presidente de la República para, en el marco de la política de paz total, pueda otorgar indultos a aquellas personas que hayan sido condenadas por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta social”
Ante esto, algunos congresistas aseguraron que esta ponencia permitiría indultar a los miembros de la Primera Línea, detenidos por la presunta comisión de delitos, en el marco del paro nacional, y catalogaron este artículo como el primer ‘mico’ del Proyecto de Ley.
La Seguridad y la Protección Ciudadana es responsabilidad del Estado. Vemos cómo en cualquier país del mundo, cuando se ataca a la autoridad, el agresor debe ir preso o lo matan. En Colombia los delincuentes son consentidos y premiados. ¿Será porque no hay cárcel para tantos?
