Por: Lola Pórtela
La libertad de prensa, el desempeño como periodistas, están en la mira; bajo el asedio de gobiernos y organizaciones crimínales en Latinoamérica.
Acoso, amenazas, persecución judicial, encarcelamiento, cierre de medios y hasta llegar al asesinato, de algunos colegas, es parte de ese tenebroso y real panorama que vivimos actualmente en la región Latina.
No sé si debería sorprendernos. Sabemos que ser periodistas significa escudriñar, buscar la verdad, y no siempre, el encontrarla y divulgarla, es visto como un logro. A veces, el enemigo es el corrupto, el delincuente, pues para quien obra del lado oscuro, somos sin duda: una amenaza.
En Costa Rica, el colega Gustavo Fernández denunció, con pruebas contundentes, la corrupción en el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), donde se desempeña como Gerente de Comunicación e Imagen. Esto produjo en el 2016 múltiples arrestos y allanamientos, por parte de la Fiscalía de ese país. El caso aún está en investigación y las personas que, en su momento, él denunció, hoy ocupan puestos claves en la Junta Directiva del Infocoop.
El colega Fernández ahora es víctima de persecución judicial y acoso laboral. Cabe anotar que el Infocoop es una institución pública encargada del fomento y desarrollo del cooperativismo en Costa Rica. Por lo cual, el Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica, ya se pronunció y le envió al Ministerio de Trabajo un oficio, detallando esta delicada situación, que atenta contra los derechos de un periodista: “ante tales atropellos a sus derechos humanos y laborales no puede mantenerse en silencio y tampoco el sindicato que aquí lo representa.
Es repudiable y totalmente censurable que en nuestro país los funcionarios públicos que valientemente denuncian la corrupción y los manejos irregulares, terminen finalmente avasallados, calumniados y postrados, ante personas que siempre han ocupado puestos de poder y no rinden cuentas a la justicia, pues los procesos judiciales son lentos y complejos. Señora Ministra, usted no puede tolerar la impunidad y los bajos intereses…”. Dice en el detallado oficio enviado al Ministerio de Trabajo.
Costa Rica es ejemplo, como país garante de nuestros derechos como comunicadores. Y lo cito en este artículo, como referente del deber ser, en el marco de una democracia.
Sin embargo, no ocurre lo mismo con el periodismo en México, pues la víctima más reciente es Fredid Román. Era el editor del periódico La Realidad, y el lunes 22 de agosto fue asesinado a tiros, luego de abordar su automóvil en Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero. Su muerte tocó las fibras del periodismo internacional.
Tal vez, para muchos el nombre de Fredid Román sea desconocido o lo vean como uno más. Y no faltará quien diga: por algo sería, algo debía.
Tras la muerte de Fredid Román, Reporteros Sin Fronteras, calificó al 2022 como el año más mortífero para los periodistas en la historia de México, y resaltó que ni las autoridades locales y federales se hacen cargo del problema.
Lo delicado del asunto es que este asesinato se suma a una larga lista de, por lo menos, 16 comunicadores mexicanos asesinados entre enero y agosto de 2022. Estos homicidios no están concentrados en una región específica, al contrario, se registran en numerosos estados de ese país como: Veracruz, Baja California, Michoacán, Sonora, Oaxaca, Zacatecas, Sinaloa, Veracruz, Tamaulipas, Guanajuato y Guerrero.
Es increíble que el mecanismo para proteger a los periodistas en México no sirva para frenar la masacre. Y ya es tal la situación de indefensión de la prensa en ese país, que algunos periodistas hasta deciden asistir a las ruedas de prensa diarias que ofrece el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sólo para pedirle su apoyo y protección.
Así lo hizo la periodista Lourdes Maldonado, quien en 2019 en una “mañanera”, como se les conoce a las ruedas de prensa presidenciales, denunció amenazas, por reclamar una deuda laboral de su antiguo empleador en una estación de televisión local, propiedad de Jaime Bonilla, un influyente político de Tijuana, quien además pertenece a Morena, el partido de gobierno.
“Vengo aquí a pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida”, le dijo al presidente.
Y a pesar de que Lourdes Maldonado estaba bajo el mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, fue asesinada en enero de este año en la ciudad fronteriza de Tijuana, donde tenía un programa de radio.
Un mes después, en febrero, el periodista independiente Rodolfo Montes abordó a López Obrador para denunciar la violencia contra el gremio. Luego en julio, Montes tomó de nuevo el micrófono y sorprendió a todos los presentes. En medio de sollozos, le imploró al mandatario que lo ayudara, porque había recibido amenazas y su hija tuvo que salir del país: “Quiero saber quién está detrás de esta amenaza. Se presentaron como el Cartel Jalisco Nueva Generación (…) pero sospecho de alguien más. Están ocultando a un servidor público. Tengo las pruebas”, le dijo, al presidente entre lágrimas, cómo también le informó a López Obrador que le estaban retirando los escoltas.
“Te vamos a proteger siempre. Cuenta con nosotros. Y tienes todo nuestro apoyo. Todo nuestro apoyo. No estás solo”, respondió categórico el mandatario mexicano.
Montes aprovechó, aquel espacio para una afirmación que explicaría el origen de las amenazas que recibió: “No obedezco a ningún interés más que al periodístico. Estoy haciendo mi trabajo. Estoy denunciando corruptelas”.
Sin duda, a los periodistas mexicanos los están matando en su país por hacer su trabajo. Por eso, en la actualidad es el lugar más peligroso del planeta para la prensa.
México en el 2021, con 10 asesinatos, ocupó el deshonroso segundo lugar en el mundo, con mayor número de periodistas asesinados, después de Afganistán, que registró 12 muertes.
En los últimos cinco años (sin incluir 2022), en México fueron asesinados 66 colegas, superó nuevamente a Afganistán donde murieron 53 periodistas, según el informe anual de la Campaña Emblema de Prensa (CEP).
El actual gobierno mexicano lleva la peor parte. En lo que va de gestión de López Obrador se han registrado al menos 59 homicidios de periodistas, de acuerdo con la dirección general del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
La tendencia es aterradora. En los ocho meses del 2022, la cifra ya superó el total del año pasado. “Este año en México se ha registrado más de un periodista asesinado por mes”, dijo Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en una entrevista, sobre este tema.
Lo increíble es que México, al igual que otros países, cuenta con el Mecanismo de Protección para Periodistas. Se supone que, si un periodista pide ayuda por una amenaza recibida, el Estado debe tomar alguna medida en un plazo máximo de 12 horas. Entre las opciones figuran botones de pánico, rondas policiales y la asignación de guardaespaldas. Incluso, la garantía de obtener un refugio fuera de la zona de peligro.
Sin embargo, en la mayoría de países estos programas no siempre funcionan a tiempo como deberían. Por lo general, hay escasez de recursos económicos, humanos y técnicos.
Además, en algunos países es preocupante la criminalidad insertada en los organismos que velan por la seguridad del comunicador. Y en muchos otros casos los programas de protección se ven rebasados, precisamente por la alta demanda y la poca disponibilidad de personal.
A esta inoperancia, para frenar la violencia mortal, se suma el acoso en redes sociales, el juzgamiento público por investigar, mostrar la verdad o confrontar los hechos.
La unión de todo lo anterior, conlleva al deterioro de la libertad de expresión que se está viviendo en ésta última década en la región Latina.
Los cambios políticos y la violación de Derechos Humanos en Latinoamérica, también nos obliga a echarle un vistazo a la persecución judicial, el encarcelamiento de periodistas y el cierre de medios en los países que operan como dictaduras: Cuba, Venezuela, Nicaragua.
En Guatemala recientemente fue encarcelado el emblemático periodista José Zamora, director de El Periódico, quien fue detenido por denunciar casos de corrupción en ese país.
Es un hecho que mantener la independencia profesional en muchos países, nos pone en la mira. Es entonces cuando se acentúa el cerco legal contra la prensa, la criminalizan, la denigran, para que pierda credibilidad.
Cuando se estigmatiza a la prensa, de algún modo, se está dando vía libre para el accionar violento de aquellos grupos que les conviene silenciarla.
Y es que no hay mecanismo de protección que valgan para salvar la vida de los periodistas, si no hay voluntad política para hacerlo.
De esa forma, el ejercicio periodístico se convierte en una misión peligrosa, si no existe el convencimiento de que es vital, para nuestras sociedades democráticas, el crear las condiciones que garanticen a los periodistas realizar su labor en libertad, con independencia, y sin miedo a perder sus puestos de trabajo, o peor aún, ser asesinados.
Estar en la mira no es fácil, pero nuestro compromiso ético de informar y mostrar la verdad, es la razón de ¡ser periodista!
