El informe final de la Comisión de la Verdad es un avance significativo en la superación del conflicto armado. Aquí recapitulamos las cifras mas
dolorosas pero importantes.
Luego de un trabajo de más de 4 años recorriendo el territorio colombiano recopilando información y recapitulando el oscuro pasado que tuvo el país en sus épocas más violentas por culpa del conflicto armado interno, la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, hizo la entrega oficial de su informe final.
Este documento de cerca de 1.000 paginas es la recopilación de aquellos datos, testimonios, avances, retrocesos y demás factores que han influenciado la dinámica del conflicto armado en Colombia.
Bajo el titulo Hay futuro si hay verdad, la Comisión de la Verdad no solo entrega su informe final sobre el cumplimiento de su misión como entidad estatal creada luego de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC-EP, sino que suministra un insumo documental valiosísimo para fines académicos, sociales, políticos, porque sin desmeritar el trabajo de instituciones como el Centro Nacional de Memoria Histórica – CNMH, la Unidad para las Víctimas y por su conducto el Registro Único de Víctimas – RUV, entre otras más, nunca antes se había tenido un documento que recapitulara y consolidara la información existente en cuanto al inicio y desarrollo del conflicto armado interno y las consecuencias que ha dejado para el país.
Este artículo se enfocará en el Capitulo 3, el cual detalla las cifras y documentación tratada en cuanto a las violaciones de los Derechos Humanos- D.D.H.H y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario – DIH, poniendo al descubierto la barbarie, el horror y las sanguinarias consecuencias que han dejado más de 50 años de conflicto interno armado en Colombia.
Escalofriantes cifras El informe final de la Comisión de la Verdad habla de 16 violaciones a D.D.H.H e infracciones al DIH, distribuidos en 2 categorías: Los homicidios que incluye delitos como masacres, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos selectivos, etc. y los atentados al derecho a la vida con acciones ilícitas como la desaparición forzada, secuestro, tortura, detenciones arbitrarias, violencias sexuales, amenazas, reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, trabajo forzoso, extorsión, ataques indiscriminados, ataques a bienes protegidos, desplazamiento forzado, confinamiento, despojo y pillaje. Si bien no se tratará cada una de las violaciones anteriormente mencionadas, si se abordará aquellas
que han sido más visibles durante el conflicto.
En la búsqueda de una respuesta del porque de estas violaciones e infracciones se puede deducir que obedecen al accionar de los actores del conflicto armado interno cuyo principal objetivo es la exterminación física y/o simbólica del que consideran un enemigo, además de actuar bajo la convicción de que se gana esa guerra con la controlación y sometimiento del tejido social.
Este informe establece que los principales responsables del conflicto armado interno en Colombia son el Estado, los Paramilitares, las Guerrillas, el Narcotráfico, los Grupos Pos desmovilización o disidencias y terceros civiles. Es decir estos son los actores que ha sometido a la población colombiana a décadas de sufrimiento y dolor histórico.
Homicidio
La primera violación e infracción que se debe abordar es el homicidio, es decir la perdida de vidas humanas que ha dejado esta extensa guerra, donde desafortunadamente los mayores afectados han sido la población civil, quienes según el Centro Nacional de Memoria Histórica – CNMH conforman el 80% de estas cifras, pero teniendo en cuenta las cifras de desaparecidos se estima que ese porcentaje alcanzaría el 90%. Según lo manifestado por la Comisión de la Verdad el conflicto armado interno entre los años 1985 y 2018 ha dejado 450.664 muertos, teniendo como periodo más álgido los años 1995 a 2004 donde se registró el 45% de las víctimas fatales.
Los principales responsables de tan repugnante cifra son en primera medida los grupos Paramilitares que asesinaron a 205.028 personas, es
decir el 45% de las víctimas totales, le sigue las guerrillas con 122.813 homicidios (27%), este porcentaje se distribuye entre las FARC-EP (21%), ELN (4%) y otras organizaciones con el 2%. Finalmente se encuentran los agentes estatales que dejaron 56.094 víctimas fatales es decir el 12% del total.
Hablar de homicidios es también hablar de masacres o asesinatos colectivos. Según el CNMH entre los años 1958 y 2019 se registraron al menos 4.237 masacres, las cuales ocurrieron en 683 de los 1.103 municipios que tiene el país dejando un total de 24.600 muertos.
Por supuesto que no se podía dejar por fuera las cifras de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, práctica que consistía en el asesinato de civiles por parte de la Fuerza Pública para hacerlos pasar por guerrilleros o delincuentes dados de baja en combate y así generar una falsa percepción de que el Estado estaba ganando esta absurda guerra.
La Justicia Especial para la Paz – JEP, en el desarrollo de audiencias y en la escucha de testimonios tanto de víctimas como de victimarios, determinó que 8.208 personas fueron asesinadas bajo esta modalidad entre los años 1978 y 2016, sin embargo, lo realmente sorpréndete aquí es que el 78% de esas víctimas fatales ocurrieron entre los años 2002 y 2008, donde la Fuerza Pública asesinó a 6.402 personas para hacerlos
pasar como bajas en combate contra grupos al margen de la ley.
Finalizamos la categoría de homicidios con los asesinatos selectivos donde el CNMH establece que dejó 179.076 víctimas fatales entre los años 1958 y 2021, siendo los líderes sociales los más afectados. La responsabilidad en este delito recae principalmente en los grupos paramilitares con el 42% de las víctimas, seguido por las guerrillas con el 16%, agentes del Estado (3%) y el 35% de lo casos aún no tienen un autor esclarecido.
Atentados al derecho a la vida
La desaparición forzada es uno de los delitos más conocidos en estas violaciones a los D.D.H.H e infracciones al DIH en el marco del conflicto armado interno en Colombia. Las cifras manejadas en cuanto a este delito habla de 127.768 desaparecidos (as) entre los años 1985 y 2016. Para este caso en especial es importante tener en cuenta la impunidad que se registra toda vez que el 54% de las desapariciones no tienen determinado con claridad quiénes fueron sus autores.
Sin embargo, el escalafón de los responsables establece que los paramilitares desaparecieron forzosamente a 63.029 personas (52%), le sigue las FARC-EP con 24.410 personas desaparecidas (24%), en tercer lugar estan los autores múltiples con 10.448 desparecidos (as) (9%), finalizando con la responsabilidad de agentes estatales que desaparecieron 9.359 personas (8%).
En cuanto al secuestro la Comisión de la Verdad estableció que entre los años 1990 y 2018 se registraron 50.770 victimas, teniendo como periodo más álgido los años 1995 a 2004 con el 77% de las víctimas totales. La afectación recae principalmente en los hombres con el 78% de las víctimas totales, sin embargo, fueron las mujeres quienes tuvieron mayor incidencia en delitos sexuales durante el cautiverio.
Los principales responsables del secuestro son las FARC-EP con 20.223 víctimas (40%), Paramilitares con 10.538 víctimas (24%) y el ELN con 9.538 víctimas (19%).
Otra infracción o delito ligado es la tortura del cual la Comisión de la Verdad documentó 2.589 casos, pero según los datos del Registro Único de Víctimas – RUV serían aproximadamente 7.571 casos, teniendo un aumento exponencial desde el año 1995 con sus picos más altos en los años 2000 y 2002.
La tortura fue uno de los delitos más sanguinarios en el conflicto armado interno, caracterizado por accionares como el desmembramiento, mutilación, decapitación, colgamiento, descarga eléctrica, quemaduras, violaciones y abusos sexuales en las víctimas.
Precisamente sobre las violaciones sexuales, el RUV registró 32.446 victimas de actos en contra de la libertad y la integridad sexual, donde las principales afectadas fueron las niñas y mujeres que contemplan el 92% de los casos.
El abordaje del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes deja como principal conclusión que se tienen documentados 16.238 casos ocurridos entre los años 1990 y El principal responsable de este delito es la ex guerrilla de las FARC-EP con 12.038 víctimas (75%), le siguen los paramilitares con 2.038 víctimas (13%) y el ELN con 1.391 víctimas (9%). Del total de las víctimas, 6.982 era menores de 15 años, es decir el 43%.
Sobre las minas antipersonales el informe de la Comisión de la Verdad estableció que según los datos del Registro MAP MUSE de la Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA), el conflicto armado ha dejado 12.170 victimas con minas antipersona, de las cuales el 60% (7.286) han sido miembros de la Fuerza Pública, dejando 5.832 heridos y 1.454 muertos. Sobre la afectación a la población civil este registro indica que fueron 4.884 víctimas (40%), distribuidos en 3.997 heridos y 887 muertos.
Pasamos a otro delito sensible como lo es el desplazamiento forzado, el cual ha dejado una de las heridas mas extensas y profundas en la sociedad colombiana, dejando 7’752.964 víctimas entre los años 1985 y 2019, con una impunidad reinante porque en el 67% de los casos no se tiene claridad sobre los autores o responsables.
Finalizamos con un accionar ilícito que evidencia una relación directa con el anterior, se trata del despojo de tierras que según la encuesta nacional de víctimas, 537.503 familias fueron afectadas entre los años 1985 y 2013, dejando como resultado más de 8’000.000
de hectáreas despojadas y en gran parte apoderadas por empresarios, políticos y otros personajes que se aprovecharon de los vacíos jurídicos en este asunto para fortalecer su grandes latifundios.
Cicatrices históricas
Con toda esta recapitulación de las violaciones a los D.D.H.H y las infracciones al DIH consolidada por la Comisión de la verdad en su informe final, es importante reconocer que el documento representa un avance significativo en la superación de ese triste y oscuro panorama bélico en Colombia representado por una guerra absurda donde los principales afectados son la población civil, quienes han tenido que sobrellevar un tejido social lleno de cicatrices, las cuales solo podrán ser sanadas por medio de la verdad, la reparación y la no repetición.
