La ola invernal ya dejó más de 10 mil campesinos afectados. En pueblos como Nocaima, Nimaima y Villeta los campesinos no han podido desplazarse desde sus veredas por los derrumbes; sus cultivos, sus animales, sus casas fueron arrasadas por la violencia del invierno. Sin embargo, las facturas de créditos agropecuarios llegan sin contratiempo. Los damnificados no quieren refinanciamiento de la deuda, y es lógico que no lo quieran. Los intereses están altísimos, sería cambiar créditos por unos aún más costosos. Necesitan más plazo para los pagos, que podrán hacer con la nueva cosecha de sus cultivos. Este es uno de los muchos problemas de nuestro sistema agrícola de crédito.
Los créditos agropecuarios en el país se han dirigido a los grandes productores. Para el año 2019 de los 19,2 billones de pesos en créditos agropecuarios, el 70,7% se direccionó a los grandes productores, el 16,3% a medianos y solo el 13% a pequeños. Desde la creación en 1990 del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario (Ley 16/1.990), el crédito ha crecido en promedio en 6.357 operaciones anuales. Se necesitarían 92 años para alcanzar un millón de operaciones en créditos de los 2,7 millones de productores del campo. Hoy solo el 4% de los pequeños productores tienen cobertura crediticia, según el censo agropecuario (claro que el censo tiene fallas, pero es un indicador).
La función de Finagro de apalancar proyectos de inversión también ha perdido su objetivo. Para el año 2019, el 55% de los recursos se fueron para créditos relacionados con capital de trabajo, un 17% para normalización de cartera y solo el 28% para inversiones. La concentración del crédito es otra barrera. El 80% de los créditos desembolsados se han dirigido a 10 departamentos y el 71% ha resultado en grandes industrias e Hipermercados (29% para medianos y pequeños productores).
El Banco Agrario ha colocado cerca de la tercera parte de los recursos totales de los microcréditos en el país. Sin embargo, el mayor número de microcréditos lo entregan los privados. Bancamia lidera con el 30,9% del total de los microcréditos, Banco de la Mujer con el 29,5%, el Banco W con el 16,1%, Banagrario sólo el 9%. Los últimos bancos nacieron después del 2008. En promedio, para el año 2019, Bancamía prestaba 2,6 millones de pesos por empresario mientras Banagrario lo hacía por 5 millones.
Presenté un proyecto de ley que beneficiaría a los pequeños productores. El proyecto establece que el 80% de los créditos deben dirigirse al sector primario, y sólo el 20% al sector comercial y transformador. Creamos la categoría de microproductor, para que estos tengan un porcentaje todos los años de crédito efectivo.
La estructuración de los créditos debe tener en cuenta el cronograma de ejecución de los proyectos productivos y a sus proyecciones de flujo de caja. No es aceptable que a un pequeño productor agropecuario se le exija un año de gracia, para un proyecto de inversión que requiere de cinco años en dar primeros frutos. Limitamos los costos y gastos administrativos de intermediarios, para que las tasas de interés de los créditos sean más pequeñas. Y actualizamos los sistemas de financiación para que las plataformas tecnológicas Fintech y fondos de capital puedan prestar a pequeños y micro productores. Creamos una línea de crédito directa desde Finagro para cooperativas y empresas (que sin hacer utilidad la coloquen a bajo costo) para los campesinos.
