Colombia se debate entre el propósito de titulación de predios baldíos a través de una figura contemplada en el acuerdo de la Habana que suscribió el gobierno con la guerrilla de las Farc, conocida como municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y la ausencia de un catastro oficial sobre tales tierras baldías.
Es evidente que en 200 años las reformas agrarias que se han establecido en Colombia, la última, la 164, han sido completamente inoperantes y no les brindan garantías a los campesinos.
Tanto es así que en el artículo 64 de la Constitución Política de Colombia ni siquiera los rotula como campesinos, sino como trabajadores del agro y el país no aceptó la definición de campesinos que dio la ONU y, en resumen, no acogió esa política creada por dicha instancia internacional.
En consecuencia, la titulación de tierras ha sido el gran problema a lo largo de la historia colombiana, sin que exista una política eficiente en términos de subsanar este inconveniente, porque el Estado no cuenta con recursos económicos para hacerlo.
Como ya lo mencionamos, con el acuerdo de paz de la Habana que suscribió el gobierno con las Farc, en el punto número uno sobre Reforma Rural Integral fueron creados los municipios PDET, territorios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y ninguno de los municipios de Casanare quedó incluido entre estos municipios.
Es una cruda realidad y los recursos destinados por el Gobierno nacional para titulación de tierras están priorizados y direccionados para los municipios PDET del País, para darle cumplimiento al acuerdo de la Habana, lo que significa en la realidad que Casanare no esté priorizado para titulación de tierras.
La titulación de tierras se ha convertido en un caballito de batalla para los políticos y lo ideal es que no se convierta en propaganda electoral. pero peor aún, podemos deducir que el problema de la tierra en Colombia ha sido uno de los mayores generadores de violencia en el territorio nacional.
Por eso, es urgente para el próximo gobierno, la construcción de una reforma agraria, con base en la política pública del sector campesino que en este momento está en construcción en el país, pero que la debe terminar el gobierno que llega.
La base de esa política pública debe convertirse en el marco de referencia para la reforma agraria que urgen en el país, la cual se debe enfocar sin distingos de raza o color político.
El interrogante fundamental es ¿qué hará el gobierno para titular la tierra en todos aquellos municipios no PDET, como los de Casanare?
En el caso concreto de este departamento, el Gobernador Salomón Sanabria, con base en el Cabildo abierto para la construcción de la política pública de Casanare ha dicho que cuenta con algunos recursos para titular una porción importante de las tierras que no están tituladas, cumpliendo la ley, pero se necesita hacer un convenio para que la Nación a través de la Agencia Nacional de Tierras lo faculte para llevar a cabo esa titulación.
Esto se convertiría en un piloto para que las demás regiones no PDET del país, también lo puedan hacer a través de los recursos y dineros regionales, convirtiéndose en una buena alternativa, paralela a una gran reforma agraria.
Cabe recordar que el antiguo INCODER hasta el 2008 entregó 7.000 carpetas de solicitudes de titulación y hace 4 años, la Agencia Nacional de Tierras hizo una consultoría para titular 500 predios en Casanare y desde entonces no se conoce más sobre titulación.
En Casanare existe un poco más de 17.000 predios sin titular y si el Gobernador Salomón Sanabria logra el objetivo de titular, beneficiaría entre 1.500 y 2.000 predios, es decir, un 10% de lo que falta por legalizar en este departamento.
Es oportuno reiterar que en Colombia no hay un catastro oficial sobre baldíos, lo que significa que no le permite al gobierno estimar cuántos terrenos baldíos y cuántas hectáreas se encuentran en el país en tal situación, pese a que en el acuerdo de la Habana se mencionara la legalización de 4 millones de hectáreas, cifra que se dio sin la existencia del citado catastro oficial.
Una de las problemáticas más sentidas que se presentan en el departamento de Casanare, está relacionada con la dificultad en la titulación de tierras del sector campesino. Ante lo cual, un número representativo de pequeños y medianos campesinos trabajan la tierra en condiciones de informalidad, lo que les impide acceder a los beneficios del estado, a un crédito o a la venta de sus predios de manera adecuada.
En el contexto del territorio no existe una oficina de la Agencia Nacional de Tierras que brinde un verdadero acompañamiento a las familias campesinas en el proceso.
¿En su plan de desarrollo, qué acciones tomaría para apoyar a los campesinos en la titulación de predios? ¿Planes, Programas y proyectos que permitan el verdadero desarrollo del campo con la formalización de la propiedad en Colombia?
