Por todo su amplio territorio el departamento atraviesa momentos difíciles en los diversos contextos que abarca la integridad y el bienestar de sus habitantes.
Una violencia que por décadas han enfrentado las poblaciones urbanas y rurales, se ha convertido en la situación recurrentemente evaluada en permanentes Puestos de Mando Unificado (PMU) que se hacen, por lo regular, producto de algún hecho delictivo que genera no solo conmoción local, sino que tiene relevancia noticiosa a nivel nacional, pro que a la larga, no pasan de ser escenarios donde confluyen autoridades civiles y militares en las que pareciera se le da más un enfoque de “qué decirle a la prensa preguntona”, y no generan resultados efectivos en la lucha contra los distintos grupos al margen de la Ley o de bandas delictivas que han encontrado en este departamento un territorio del que pueden sacar mucho provecho con sus constantes delitos.
Es innegable que los resultados de las fuerzas militares muestran uno que otro golpe capturando cabecillas de los grupos organizados, de las disidencias de las Farc o del ELN, desactivan artefactos explosivos, pero en esta tarea también son evidentes las muertes de militares en el marco de sus operaciones o cuando son descubiertos por los delincuentes andando de civil por las poblaciones que visitan para unirse a sus familias, pero la pregunta es: ¿Están realmente preparados o con la voluntad suficiente nuestras fuerzas del orden para enfrentar a los actores armados que afectan la seguridad de los casanareños?
Hoy, como otrora, las comunidades a diario padecen distintas formas de violencia que parten de hechos como: los grupos ilegales al margen de la ley, los migrantes, la delincuencia, el alto consumo de alucinógenos, el abigeato, la tenencia de la tierra (entendida como la falta de titulación de un gran porcentaje de su territorio), la petrolización de la economía departamental, el desempleo, la importación de mano de obra por parte de la industria petrolera y su poca adquisición de bienes y servicios en el territorio, el abandono del campo, la deficiente malla vial terciaria, la contaminación ambiental, el mal estado de la planta física de las instituciones educativas oficiales, la pésima señal de telefonía celular, la inadecuada red hospitalaria, la baja cobertura de servicios públicos, la falta de agua potable y la carencia de oportunidades, entre otros elementos.
Ante este desalentador panorama, la respuesta de las autoridades no van más allá de reportes donde se evidencia la el desarrollo de operativos generalizados atacando delitos como lesiones personales, hurto a personas, hurto a residencias, hurto al comercio, delitos sexuales y violencia intrafamiliar, sin embargo, ante la proliferación de expendedores de estupefacientes y la indetenible producción de drogas ilícitas, se vuelve una tarea que demanda, según las mismas autoridades, de más efectivos policiales para contrarrestar estos flagelos.
Los factores indicados anteriormente suponen una situación de miedo y mucho temor entre los ciudadanos y peor aún, de poca confianza en la institucionalidad, especialmente en sus organismos de seguridad y en la rama judicial como tal, que en muchos casos carece de efectividad a la hora de imponer sanciones contra los delincuentes, así mismo la poca credibilidad recae también en los entes de control y fiscalización, como son la Contraloría, La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo a pesar de la emisión de alertas tempranas por parte de esta entidad.
Por todo lo anterior, en Casanare como departamento con un reconocido potencial económico, cultural, ambiental y sociocultural, urgen acciones contundentes que orienten los esfuerzos a garantizar la tranquilidad y bienestar de sus habitantes y así mismo, mejorar las condiciones para el pleno y armónico desarrollo de su economía.
Casanare con gran número de migrantes
De acuerdo con Migración Colombia, al 31 de diciembre de 2019 había 21.201 venezolanos en el departamento de Casanare, de los cuales 15.475 estaban ubicados en Yopal. En los últimos tres años, a pesar de que las cifras han tenido poca variación, la incidencia en la vida social y de seguridad en sectores como la salud, la educación y el empleo. Esto se ha convertido en una carga difícil de cargar en un departamento en donde la población total es de algo más de 420 mil habitantes, en este sentido la capital con un promedio de 160 mil, cuenta con más de 15 mil migrantes, lo cual ha engrosado los cordones de miseria y afectado notoriamente la tranquilidad de los casanareños.
Inseguridad económica con las víctimas de la violencia
El artículo 142 de la ley 1448 de 2011 y en el marco de la reparación integral de las víctimas de la violencia guerrillera y paramilitar que marcó a miles de familias, hoy se registran 74.078 en el departamento según datos del RNI, el detalle es que han sido muy pocas beneficiadas y son repetidos los actos de reclamación buscando la reivindicación de sus derechos.
La CIPRAT (Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas) del Ministerio del Interior y según reporte de la Defensoría del Pueblo en el marco del segundo seguimiento a la alerta temprana 008 de inminencia del 2021 emitida por la entidad, se han evidenciado nuevas conductas vulneradoras en la población civil en donde se han emitido nuevas alertas tempranas con por lo menos 14 recomendaciones.
Amenazas contra líderes sociales
En lo que va corrido del año 2022, 10 defensores de derechos humanos o mejor conocidos como líderes sociales han sido gravemente amenazados en Casanare, por lo que la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Gobierno de este departamento ha tenido que adelantar la debida protección de estas personas con esquemas de seguridad que otorga la Unidad Nacional de Protección UNP. Estos líderes sociales luchan por temas álgidos como el medio ambiente, el reclutamiento de niños y niñas por parte de grupos al margen de la ley y las críticas relaciones que en algunos casos se registran entre las comunidades con la industria petrolera u otros sectores.
Inseguridad en los procesos electorales
De igual forma, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta 004 de 2022 en donde se dieron a conocer 7 elementos de riesgo electoral, en otras palabras, sobre hechos que afectan el normal proceso democrático en las elecciones ya ocurridas para el Congreso y que también incidirían en las elecciones de este 29 de mayo.
Esta Alerta Temprana sobre los riesgos relacionados con las conductas contra los mecanismos de participación democrática que, en el marco del conflicto armado y violencias conexas, pueden constituir violaciones a los derechos a la vida, libertad, integridad, seguridad, libertades políticas (incluyendo el derecho de participar en la conformación, ejercicio y control del poder político) y civiles, así como al Derecho Internacional Humanitario (DIH), durante las jornadas electorales previstas para el año 2022.
Precisamente en el contexto de las jornadas electorales y a pocos días de la ocurrencia de las cruciales elecciones presidenciales es prioritario conocer las propuestas de los 8 candidatos y revisar qué dicen frente a temas que afectan la seguridad en Casanare, entre otras:
- ¿Cuál será su compromiso con los casanareños en materia de seguridad física y seguridad jurídica?
- ¿Cómo se pueden recuperar estos territorios del accionar de los violentos, terroristas y delincuentes comunes?
- ¿Los próximos 4 años en verdad llegarán cambios para la seguridad del país?
- ¿Qué opinión le merece que, históricamente hablando, aportas de todas las elecciones, se recrudezca la violencia en Colombia siempre con un detonante que cae como anillo al dedo para que se formen hechos de alteración del orden público?
- ¿Qué acciones hará su gobierno para darle un mejor manejo a la masiva llegada de migrantes al territorio casanareño sin afectar sus derechos, pero también, sin deteriorar más la precaria economía de estos territorios donde se asientan?
- Las víctimas de la violencia siguen reclamando la reivindicación de sus derechos, el panorama en Casanare es muy deficiente en este sentido, ¿Qué hará su gobierno para dar respuesta a tanto reclamante por parte de las más de 70 mil víctimas en el departamento?
- ¿Considera que en estos territorios los grupos al margen de la Ley sí influyen en la voluntad de voto de las comunidades frente a uno u otro candidato?
Casanare es un territorio de amplia explotación petrolera, no obstante, son muy pocos los beneficios que se han visto en la región, para los candidatos presidenciables en un eventual gobierno suyo, ¿Revisará y se comprometerá a intervenir en acuerdos que realmente beneficien a las comunidades donde existe aún hoy mucha influencia en la explotación?
