La Sala penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio revocó la absolución de la que había sido objeto el abogado, Víctor Manuel Bravo Rodríguez, y contrario a ello profirió sentencia condenatoria a 6 años 6 meses de prisión, al ser supuestamente hallado responsable del delito de fraude procesal.
La decisión de segunda instancia, que concedió la prisión domiciliaria, ordenó librar boleta de captura para que se haga efectiva, hasta tanto quede debidamente ejecutoriado el fallo.
Contra la decisión procede el extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia, que, de llegar a cazar, la sentencia podría ser modificada, revocada o confirmada en su integridad.
Víctor Bravo, fungió como responsable de los asuntos políticos y de gobierno del Departamento del Meta, hasta los dos primeros meses de este año 2021. Antes había sido alcalde del municipio de Puerto López, en el periodo 2016 – 2019
Antes de ocupar los cargos en mención, y en su condición de litigante para la época de los hechos, en el año 2008, al parecer una mujer contrató sus servicios de abogado, para que la defendiera dentro de un proceso de divorcio y liquidación de la sociedad conyugal.
En febrero del 2009, Martha Patricia Ramírez Bonilla, recibió de su exesposo, un adelanto de $897 millones de pesos, en tres cheques, que era parte de la separación de bienes.
De acuerdo con versión de la mujer, el profesional del derecho le sugirió que no consignara los cheques en el banco, diciéndole que la DIAN la investigaría y le quitaría una parte por conceptos tributarios.
El expediente judicial relata que, Víctor Bravo, la indujo a comprar una finca embargada y que estaba siendo rematada por valor cercano a los $199 millones, negocio en el que asegura que el profesional del derecho, puso la mitad a su nombre.
La mujer aduce igualmente que, en el año 2012, cuando, fue a vender la finca, descubrió que el abogado, Bravo Rodríguez figuraba como dueño de la mitad y que habría falsificado su firma.
Bravo, alegó durante la etapa procesal que había una sociedad entre la señora y él, sociedad que no pudo demostrar que existía ante la Cámara de Comercio.
A lo largo del problema, la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta sancionó en marzo de 2015, a Víctor Manuel Bravo Rodríguez, con la exclusión de la tarjeta profesional.
Apeló, y en Bogotá reversaron la sanción por supuesta violación al debido proceso, actuación que tuvo que ser reconstruida.
Mucho después, en segunda instancia, la Sala jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura el 8 de agosto de 2019, con ponencia del magistrado, Fidalgo Javier Estupiñan Carvajal, le excluyeron la tarjeta de abogado No. 117168 por supuestas actuaciones indecorosas que atentaron contra la dignidad de la profesión.
A finales del año 2020, la Asamblea departamental del Meta, le hizo un debate de control político respecto de su labor y resultados en calidad de Secretario de Gobierno, y en ese escenario de manera muy superficial le solicitaron que contara en qué estado se encontraba su problema en mención, y después de las respuestas, los Diputados consideraron que no era necesario adelantarle una moción de censura.
