Con esta medida se remueve al actual representante legal de la EPS y se designa agente especial y firma contralora para seguimiento de la toma de posesión.
La toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de la EPS Coomeva para salvaguardar la adecuada atención de los cerca de 1.4 millones de afiliados que tiene en el país y para proteger la destinación específica de los recursos del sistema de salud.
La EPS Coomeva se encuentra bajo medida preventiva de vigilancia especial de la Supersalud desde hace cuatro años y medio, pero durante el monitoreo y seguimiento hecho a sus indicadores con corte a 31 de marzo de 2021, se refleja que los resultados obtenidos a la fecha son insuficientes para mitigar los riesgos operacionales que afectan de manera directa a sus afiliados.
Superintendencia, Henri Philippe Capmartin.
“La EPS Coomeva no ha logrado disminuir sus obligaciones con la red de prestadores de servicios en los niveles proyectados en el Plan de Ajuste Financiero y, por el contrario, se observa un aumento exponencial de sus acreencias, generando incremento del riesgo de embargos con prestadores, condenas en contra, multas e intereses de mora y sobretodo en la prestación de servicios de salud de la población afiliada” señaló el director de Medidas Especiales para las EAPB, de la Superintendencia, Henri Philippe Capmartin.
Al 31 de marzo de 2021, la EPS tiene embargos judiciales por 164.025 millones de pesos, hecho que impacta de manera significativa la liquidez y la capacidad para el cumplimiento de sus obligaciones con la red de prestadores y proveedores de servicios de salud.
La EPS Coomeva cuenta con 1.382.357 afiliados ubicados en 102 ciudades o municipios de los siguientes territorios: Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Caldas, Caquetá, Casanare, Cesar, Chocó, Córdoba, Huila, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle. Con esta medida de toma de posesión de la EPS, la Superintendencia reafirma su decisión de proteger la vida y la salud de los colombianos, mediante la garantía a la prestación de los servicios con calidad y oportunidad y de la protección de los recursos para que lleguen a la red pública y privada.
