Entre los sancionados se encuentra la excandidata por ese partido en el departamento de Casanare Angélica García García.
El Consejo Nacional Electoral sancionó a 36 excandidatos del partido, quienes ahora deberán pagar multas de hasta $1.000 millones. Los afectados alegan que la colectividad, que perdió su personería jurídica en 2018, es responsable, pero “desapareció al mejor estilo de una pirámide”.
En una resolución emitida a mediados de diciembre del año pasado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió sancionar a 36 excandidatos al Senado que participaron en los comicios legislativos de 2018 a nombre del partido Opción Ciudadana. Las multas, que en algunos casos ascienden a $1.000 millones, corresponden a presuntas irregularidades en el manejo de sus recursos de campaña. Sin embargo, desataron una pelea de los exaspirantes contra el partido y el Consejo Nacional Electoral.
Otro de los que reclama es Daniel Fernando Mejía, quien fue candidato al Senado con el aval de Opción Ciudadana, colectividad que perdió su personería jurídica en las elecciones de 2018 al no alcanzar los votos suficientes, así como por no obtener curul alguna.
Foto: Daniel Mejía Lozano
Según Mejía, que dice ser víctima de una persecución política, su aspiración se hizo en calidad de persona natural, por lo que argumenta que la sanción no debería ser contra los candidatos, sino contra el movimiento, “primer responsable de las presuntas irregularidades que denuncia el CNE”.
“El partido Opción Ciudadana cerró sus puertas, apagó sus teléfonos y no volvió a contestar ningún mensaje. En silencio desapareció dejando embargados líderes sociales que fueron utilizados para sumar votos en sus territorios y ahora se encuentran embargados por el Estado”, dice el excandidato.
En efecto, las sanciones proferidas por el CNE corresponden a la indebida administración de recursos de campaña, pues algunos de los candidatos y sus correspondientes gerentes administraron y emplearon dineros por fuera de la cuenta única bancaria que, por ley, deben abrir los aspirantes para manejar sus ingresos y gastos. El origen de este tipo de medidas es poder determinar el origen y destinación de los recursos.
Sin embargo, la autoridad electoral determinó que en el caso de los 36 excandidatos hubo irregularidades en los manejos. En el caso de Mejía, el excandidato alegó además que, si bien envió sus informes contables al partido, este no los presentó debidamente a la autoridad electoral: “Son los partidos quienes entregan los informes contables al CNE no los candidatos”.
Adicionalmente, señaló que el partido no respondió a los candidatos por la reposición de votos y aunque se solicitó al contador de Opción Ciudadana, Eladio Alvarado, por el monto y destino de los recursos, nunca obtuvo respuesta.
“El partido Opción Ciudadana desapareció al mejor estilo de una pirámide y el Estado sanciona a sus candidatos, pero no a la personería jurídica ni a los representantes legales del partido político. Es evidente que el CNE tiene vacíos profundos que ponen en riesgo la institucionalidad colombiana”, precisó Mejía.
Las excusas para hacerle el quite a la norma fueron múltiples, entre ellas, que se falsificó la firma de los informes de ingresos y gastos, que los dineros obedecieron a donaciones en materiales para publicidad o que en ningún momento les fue notificada la actuación administrativa.
Más allá de ello, la disculpa más recurrente fue que la entidad bancaria, generalmente Bancolombia, no habilitó la cuenta a tiempo, lo que dificultó el manejo de recursos en regla. Según algunos de los excandidatos, hubo falta de diligencia y la cantidad de requisitos y tramitología impidió el normal desarrollo del reporte de ingresos y gastos. Incluso, hubo quienes alegaron que el banco no tenía las sedes ni los canales de servicio adecuados para hacer un manejo regular de la cuenta única.
Una de las campañas argumentó: “Se realizó toda la gestión posible con el fin de abrir la cuenta única bancaria, haciendo varias solicitudes a diferentes entidades financieras obteniendo la apertura de manera demorada sin que se pudiese utilizar como lo estipula la ley”.
Por otro lado, hubo quienes señalaron que la gran mayoría de los bancos no permitían aperturar cuentas para campañas y que tuvieron dificultad para abrirla en Bancolombia, “puesto que no dejaban en firme la cuenta hasta antes de la elección, no permitiendo usarla”.
En respuesta, el CNE admitió que la queja alrededor de las entidades financieras era frecuente, pero deberán pagar las sanciones impuestas.
LA EXCANDIDATA AL SENADO ANGÉLICA GARCÍA DE CASANARE EN LA LISTA DE LOS SANCIONADOS POR EL CNE
Foto : Angélica García
Una vez el CNE notificó a los excandidatos de las sanciones proferidas, la mayoría utilizaron su derecho a la defensa, ante lo cual a continuación transcribimos la respuesta en el caso de la excandidata de Casanare así: “En el escrito presentado dentro de la oportunidad procesal por el apoderado judicial de la excandidata, este pone de manifiesto que la campaña realizó las gestiones necesarias a fin de que los dineros que financiaron la campaña política fueran administrados por el señor Gerente de campaña, a través de una cuenta bancaria y que por circunstancias que no son desconocidas por el Consejo Nacional Electoral, la apertura de la cuenta no se realizó a tiempo por la falta de diligencia de las entidades bancarias.
Al respecto esta Sala debe mencionar que dentro del acervo probatorio no obra documento alguno que evidencia o pruebe las razones por las cuales la totalidad de los recursos de la campaña no fueron bancarizados y como consecuencia no se administraron a través de la cuenta única bancaria que le permitiera a esta Autoridad Electoral determinar algún valor de prudencia y cuidado en el cumplimiento de las obligaciones propias que se asumen al momento de inscribirse como candidatos y aceptar el mandato por parte de la gerente de campaña y, solidariamente del candidato.
En el presente caso se tiene que una vez revisado el informe de ingresos y gastos y la auditoria interna se puede observar que se manejó la suma de CIEN MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($100.000.000) por fuera de la cuenta única bancaria. Resolución 4089 de 2020 Página 27 de 53 “Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución No. 2003 del 4 de junio de 2020 “Por medio de la cual se SANCIONA a (36) excandidatos al Senado de la Republica periodo 2018-2022 y sus correspondientes Gerentes de Campaña, por la vulneración del artículo 25 de la Ley 1475 de 2011, en lo referente a la apertura y administración de los recursos de campaña en la cuenta única bancaria para las elecciones del 11 de marzo de 2018.”
Es claro que todos los ingresos de la campaña deben ser manejados a través de la cuenta única bancaria sin importar el valor de los mismos, esto en aras de proteger el bien jurídico tutelado y darle transparencia al manejo de los recursos utilizados para tal fin. Esta corporación debe ser enfática en mencionar que todos los recursos de la campaña tienen que ser manejados a través de la cuenta única toda vez que la finalidad de la misma es poder determinar el origen y destinación de dichos recursos.
En definitiva, concluye la Sala Plena que las motivaciones presentadas por la recurrente no evidencian un posible yerro en la decisión inicialmente adoptada por el Consejo Nacional Electoral, así tampoco ostentan el valor suficiente para desvirtuar el sustento jurídico de la misma, ni existen nuevos elementos jurídicos o probatorios que lleven a reconsiderarla, razón por la que se desestimará el recurso interpuesto y como consecuencia, se resolverá negar el recurso de reposición y CONFIRMAR el contenido de la Resolución No. 2003 del 4 de junio de 2020.” Fin del texto referido a la excandidata.
Así las cosas, tanto la excandidata de Casanare al Senado Angélica García como los demás 35 excandidatos tendrán que pagar las multas o sanciones aplicadas por el CNE, sin menoscabo que existan otros recursos de apelación a juicio de la ley.
Hasta este momento, las exdirectivas del partido político Opción Ciudadana (Extinto), tampoco se han referido a este espinoso asunto que sin lugar a dudas tiene en aprietos económicos y legales a 36 exaspirantes al Senado de la República que participaron en las elecciones de marzo del año 2018.
