Con esta reforma se espera que los departamentos y municipio puedan hacer uso de cerca 15,7 billones de pesos, los cuales podrán destinarse a inversión social de manera directa. Por su parte el Congreso de República dio un parte positivo y aprobó esta gran iniciativa.
Luis Alberto Rodríguez , director del Departamento Nacional de Planeación, expresó que lo que se busca es consolidar “un Sistema General de Regalías más ágil, menos burocrático, en el que los entes territoriales tendrán más autonomía al territorio al pasar de 1.152 a 8 órganos colegiados de administración y decisión (OCAD); la segunda, más recursos para las zonas productoras que pasaron del 11 % al 25 %; y la tercera, la participación con voz y voto de los diferentes grupos étnicos en los diversos escenarios de decisión del sistema”.
Según el Gobierno Nacional, la reforma establece el aumento de la asignación de regalías a las regiones productoras, el medio ambiente, la calidad educativa y la innovación.
También promueve la equidad con más recursos para los municipios más pobres. Más de 1.000 municipios con mayores necesidades básicas insatisfechas serán beneficiados con asignaciones que pasan del 10,7% al 15%.
Con la reforma, la anhelada petición de descentralización, se hace realidad para los territorios que tendrán autonomía en la destinación de los recursos. “Es un paso muy importante en el fortalecimiento de las regiones, en un contexto de post-pandemia será fundamental, pues la inversión pública se convierte en uno de los principales motores para la reactivación económica del país”, destacó Iván Darío Agudelo, Senador por el Partido Liberal.
Además, por primera vez, serán beneficiarios directos los pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y el pueblo Rrom o Gitano de un porcentaje de la asignación para la inversión local. Los proyectos serán priorizados y aprobados de forma autónoma en Instancias de Decisión conformadas por ellos mismos.
El proyecto de ley también contempla destinar un porcentaje no inferior al 5% de las asignaciones directas estará destinado a infraestructura educativa o a proyectos para mejorar la cobertura, permanencia y calidad de la Educación Superior pública. Los recursos de Ciencia, Tecnología e Innovación aumentan del 9,5% al 10%.
