Al resolver el recurso de apelación presentado por la Fiscalía General de la Nación, por la defensa y por el mismo procesado, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín confirmó la sentencia condenatoria e incrementó en 3 años y 4 meses de prisión la pena contra el sargento segundo del Ejército Nacional Richard Antonio Pérez, por el homicidio de su hijastro de 5 años de edad.
En agosto de 2019 el Juzgado 29 Penal del Circuito de Medellín sentenció al militar a 33 años y 4 meses de prisión por el punible de homicidio agravado con dolo eventual.
El fallador impuso la pena mínima por considerar que hubo dolo atenuado y excluyó por supuesta ilegalidad algunos diálogos entre las procesadas y terceras personas, que fueron presentadas como pruebas en el proceso por la Fiscalía.
La defensa del investigado apeló la decisión y argumentó que no hubo dolo eventual sino un homicidio preterintencional.
El ente acusador también elevó el recurso de alzada al considerar que la pena impuesta no se ajustaba a la gravedad del delito cometido, y solicitó además que fueran valoradas las pruebas desestimadas por el juez de primera instancia.
La corporación judicial acogió los argumentos del fiscal de la Unidad de Vida que adelantó la investigación, ratificó que hubo dolo eventual y elevó la pena a 36 años y 8 meses de prisión.
En el fallo de segunda instancia se ordena la expedición de copias para investigar a varios oficiales del Ejército Nacional por no dar respuestas efectivas y oportunas para la ubicación del niño como lo había solicitado su madre. También se ordena investigar el papel que jugó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Antioquia, para la búsqueda y la protección efectiva de los derechos del menor asesinado.
También se ordena investigar por presunta falsedad a uno de los testigos de la defensa que labora en una entidad oficial del departamento del Meta.
Contra la decisión de segunda instancia procede el recurso extraordinario de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Los hechos investigados ocurrieron el 6 de febrero de 2016, cuando la víctima de 5 años de edad fue llevada sin signos vitales a un centro asistencial de la capital antioqueña, luego de un vómito severo.
De acuerdo con el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el menor falleció a causa de traumatismos severos en los intestinos, el bazo, el páncreas y los riñones.
Los médicos forenses establecieron además que el niño presentaba una fractura en el antebrazo izquierdo que no fue tratada clínicamente, así como signos de maltrato físico y desnutrición.
El suboficial de 39 años de edad y quien fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación cuatro días después de los hechos, tiene otra investigación por presunta tortura contra el menor.
La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.
