En medio de la grave crisis sanitaria, económica y social, provocada por la COVID-19, para el gremio ganadero resulta inexplicable la excusa de una sobreoferta de leche en el país, para justificar las decisiones arbitrarias que han tomado las empresas procesadoras de leche, al reducir hasta en un 5 % el precio final de compra a los ganaderos y fijar cupos de entrega un 10 % por debajo de su volumen habitual, reduciendo así, en más de un 14,5 %, el ingreso neto a más de 300.000 pequeños productores en todo el país.
Resultan aún más arbitrarias estas decisiones al revisar las cifras de importaciones de los primeros cinco meses del año, que ya superaban las 40.000 toneladas.
Es bien conocido que el país produce 7300 millones de litros al año, pero la industria solo procesa 3241 millones, dejando de procesar más del 50 % de la leche fresca producida por nuestros ganaderos en las diferentes regiones del país.
Adicionalmente, vale la pena recordar que el consumo per cápita de leche higienizada en el estrato 1 es de apenas 39 litros al año, mientras que en el estrato 2 solo alcanza 58 litros, lo cual, frente al consumo recomendado por la FAO de al menos 180 litros de leche por persona al año, significa que más de 30 millones de personas de los estratos 1 y 2 no tienen la oferta suficiente para consumir la proteína de origen animal más barata del mercado.
Por otra parte, la industria procesadora, apoyada en su condición oligopsónica y su posición dominante, busca insistentemente la reducción y liberación de los precios de compra, mientras los precios de venta al consumidor de leche y sus derivados aumentan de manera incontrolada, como se advierte la gráfica siguiente, donde se evidencia que en la última década el precio de venta al consumidor ha subido 4,1 % por encima del incremento del precio al productor, profundizando la brecha que no solo empobrece al sector primario, sino que reduce el consumo nacional.
