Las sumas de dineros eran enviadas de Venezuela a Colombia y luego a Europa, Asia e India, siendo su origen un presunto comercio de productos agrícolas.
En un operativo conjunto adelantado en cuatro ciudades del país la Fiscalía General de la Nación y la Dijín de la Policía Nacional desarticularon una organización trasnacional que se encargaba de lavar millonarias sumas de dinero.
La Agencia de Aduanas ICE de Estados Unidos alertó a las autoridades nacionales sobre la existencia de una organización ilegal que estaría lavando dinero desde Estados Unidos y Colombia a través de la creación de empresas de papel y de exportaciones ficticias.
Agentes encubiertos, establecieron cómo delinquían presuntamente los capturados desde Bogotá (Cundinamarca), Bucaramanga (Santander), Ibagué (Tolima) y Cúcuta (Norte de Santander), a través de empresas fachada, y exportaban productos agrícolas que enviaban a Venezuela a costos sobrevalorados.
Las exportaciones que hizo la red criminal eran de óxido de zinc y albúmina de huevo, los cuales eran vendidos a precios superiores al valor real en Colombia.
En seis meses los investigadores de la policía judicial determinaron cómo los presuntos integrantes de la red criminal habrían dado apariencia de legalidad a cerca de 10 millones de dólares en los años 2012 y 2014, utilizando la banca financiera
nacional.
Los dineros que la organización recibía por las supuestas exportaciones eran monetizados en pesos colombianos para luego ser enviados a Pakistán, Panamá,India, China, Hong Kong y Taiwán, entre otros, a través de presuntos pagos que eran disfrazados como reconocimientos por servicios empresariales, profesionales y
técnicos.
Les imputaron los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir agravado.
Entre los capturados figura Salomón Korno Mitrani, alias Salo, quien es señalado como el presunto cabecilla y quien al parecer se encargaba de coordinar las transferencias internacionales que circulaban entre países de América, Europa y
Asia.
La operación ilegal era coordinada por revisores fiscales, contadores y accionistas de, al menos, tres empresas creadas para dar apariencia de legalidad a las divisas que ingresaban al país, siete capturados.
