Por: Amesdi sombra
Hacer la paz en Colombia es un ejercicio muy difícil frente a los motores que motivan a nuestra sociedad para que siga inmersa en un conflicto armado.
Haber sentado a la guerrilla más antigua del mundo las FARC-EP alrededor de una mesa hablando de un proceso de paz, sin lugar a dudas es un hecho histórico que se le debe abonar al gobierno del ex presidente Santos, para lo cual fueron necesarios dos periodos de mandato, es decir, 8 largos años en los que los convocados diseñaron las estrategias para llegar a unos acuerdos que beneficiaran a las dos partes.
No obstante, pese a la firma de unos acuerdos y al cese de las operaciones terroristas del grupo subversivo y que posteriormente los cabecillas de las FARC-EP llegaran al seno del Congreso Nacional, los acontecimientos empeoran cada día más al parecer, por las faltas de garantías del gobierno de Iván Duque a quien se acusa de incumplir unos compromisos de Estado al no implementar integralmente el Acuerdo de Paz.
En 2018 cada 48 horas fue asesinada una persona defensora de los derechos humanos o con liderazgo social y en el 2019 se ha incrementado el número de muertes hasta el punto que suman más de seiscientos hasta la fecha y en los últimos 8 meses se han incrementado las masacres, los homicidios y los desplazamientos.
Las denuncias ante el mundo y al interior del país sobre la violación de los derechos humanos como actos sistemáticos, han reunido a por dentro y por fuera a más de mil organizaciones y movimientos sociales que trabajan en y por Colombia, entre otras, la Oficina Internacional de los Derechos Humanos – Acción Colombia (OIDHACO) junto con sus tres plataformas asociadas en Colombia: la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo; la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines por una Cooperación para la Paz y la Democracia en Colombia; y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), pero la pregunta es: ante tantas conclusiones aterradoras sobre la violencia en el país ¿Por qué pareciera que estos informes no llaman la atención responsablemente del gobierno actual?
Hay quienes opinan que, desde su llegada al Gobierno, el presidente Iván Duque no ha demostrado la suficiente voluntad para implementar el Acuerdo Final de Paz, ya que las políticas públicas propuestas en materia de reforma rural integral, sustitución de cultivos ilícitos, y derechos de las víctimas, así como el Plan Nacional de Desarrollo, son contrarias y regresivas a lo estipulado inicialmente en el Acuerdo, y por lo tanto ponen en peligro la construcción de paz en Colombia.
Existe una profunda preocupación por el desfinanciamiento y falta de respaldo gubernamental a los tres mecanismos del Sistema de Justicia Transicional. A la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuya ley estatutaria fue objetada por el Presidente Duque, por ejemplo, se le ha asignado en 2019 un presupuesto 28% menor que el que había pedido para su funcionamiento. Los representantes de las plataformas recuerdan que la JEP es el instrumento que garantiza los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y que “tendría que ser intocable”.
A lo anterior se suma la nueva Política de Defensa y Seguridad, que representa una regresión en materia de derechos humanos: favorece el aumento de la militarización en los territorios, fortalece la participación ciudadana en actividades de seguridad, promueve la erradicación forzada de cultivos ilícitos y cierra puertas a la negociación con el ELN.
Pareciera que quienes contradicen los acuerdos alcanzados no están interesados en que se consolide la paz en el país y en vez de eso se congraciaran con el accionar bélico en contra de los excombatientes de la guerrilla de las ex Farc-EP, líderes sociales de las regiones en conflicto y los activistas políticos que propenden por llegar al poder con discursos que se señalan como de izquierda, socialistas o comunistas.
La paz en Colombia más allá de ser un asunto político, debería ser considerada como lo más importante en el Plan de Desarrollo del actual gobierno que en su afán de conseguir méritos en el exterior prefiere voltear la mirada a los problemas de Venezuela (Obviamente que esos problemas nos traen malas consecuencias a nosotros), o hacerse el indiferente ante el deterioro e ineficacia frente al combate de las bandas delictivas organizadas, los grupos de narcotráfico y la guerrilla del ELN que prácticamente tiene sembrado un gobierno de terror en distintas zonas del país especialmente en el departamento de Arauca y ahora con presencia en el Casanare.
Por eso repito, la paz es más difícil que hacer la guerra, la paz exige renunciar a los dolores que ha provocado la guerra o la confrontación, mientras que la guerra en su afán revanchista solo nos conduce a elevar las estadísticas de muerte, desolación y desesperanza, y eso sin contar la afectación social y económica que cada vez nos hará más pobres y le permitirá a la clase política corrupta seguir jugando con nuestros recursos naturales y el escaso presupuesto de la salud, la educación y las regalías petroleras.
